Luego de escuchar a las partes y de gestionar los recursos necesarios para garantizar a los imputados el cumplimiento de la pena según lo establecido por la Ley, la magistrada de ejecución hizo lugar al pedido de la fiscalía y ambos imputados comenzaron a cumplir la condena en la alcaldía de Buta Ranquil.

Reseña

Los condenados son S.C y B.E.C, quienes el 18 de noviembre de 2022, junto a otro varón, R.C, fueron declarados responsables por abusar sexualmente de una niña de su entorno en la localidad de El Huecú. Respecto de B.E.C, la declaración de responsabilidad fue por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente –un hecho- (artículos 119, cuarto párrafo, inciso “f”, en función del tercer párrafo del mencionado); y abuso sexual simple, continuado (artículo 119, primer párrafo), todo en concurso real y en calidad de autor respecto. En el caso de S.C, la condena fue por abuso sexual con acceso carnal, agravado por la convivencia preexistente (artículo 119, cuarto párrafo, inciso “f”, en función del tercer párrafo) en calidad de autor.

En esa misma oportunidad se declaró la responsabilidad de R.C por abuso sexual simple, en carácter de delito continuado, y en calidad de autor. Por tratarse de un hecho de menor gravedad, la fiscalía acordó la imposición de una pena de 1 año y 6 meses de cumplimiento condicional.

En la audiencia de determinación de la pena, realizada el 28 de diciembre pasado, la fiscal del caso pidió la pena de 8 años de prisión efectiva. Las defensas accedieron al pedido y renunciaron a los plazos de impugnación, por lo que las condenas quedaron firmes. Al estar cerradas las cárceles de la provincia por disposición de las juezas de ejecución, la fiscalía accedió a que comenzaran a cumplir la condenada en un domicilio de El Huecú, hasta tanto se hallará un espacio en el que los condenados pudieran ser alojados. Por esa razón, y con el acuerdo de todas las partes, el juez que dirigió la audiencia del 28 de diciembre impuso la pena y ordenó la custodia policial permanente del domicilio.

Luego, durante una audiencia realizada el 29 de diciembre pasado, una jueza de garantías rechazó el pedido de la fiscalía sobre el traslado de los condenados a comisarías y dispuso que continúen detenidos de manera domiciliaria con controles sorpresivos por parte de la policía. Con el respaldo de la querella institucional en representación de la víctima, la fiscal Rivera pidió la revisión de la medida.

En la audiencia de revisión, el tribunal revisor no hizo lugar al pedido de la fiscalía y por el contrario confirmó la prisión domiciliaria dispuesta por la jueza. La decisión fue por mayoría de dos jueces y el de disidencia fue por una jueza del tribunal.

Los hechos

La teoría del caso que logró acreditar el Ministerio Público Fiscal es que el primer hecho ocurrió el 20 de octubre 2019, alrededor de las 6 de la mañana. B.C abusó sexualmente de una niña. Luego en fecha indeterminada, pero comprendida entre el 20 de octubre de 2019 y hasta el 29 de diciembre de 2020, B.C volvió a cometer los abusos en reiteradas oportunidades

Respecto de S.C se le imputó que en fecha indeterminada, pero comprendida entre el 20 de octubre de 2019 y 20 de marzo de 2020, abusó sexualmente de la niña. Todos los hechos ocurrieron en una vivienda familiar ubicada en cercanías a la localidad de Chos Malal.