En este contexto, los hermanos Pedro y Pablo Werefkin propietarios del predio donde se tiraban los desechos están acusados del delito de contaminación peligrosa para la salud pública, en calidad de coautores, mientras que a Julieta Muñiz Saavedra, quien fue coordinadora general del Organismo de Control Municipal de San Martín de los Andes, se le imputa incumplimiento de deberes de funcionario público, en calidad de autora; en concurso ideal con el delito de contaminación peligrosa para la salud pública, en calidad de coautora, por comisión por omisión por su posición de garante. Las penas previstas, en caso de ser encontrados responsables, van de 3 a 10 años de prisión.

El tribunal está integrado por los jueces Maximiliano Bagnat, Laura Barbé y Leticia Lorenzo y durante la jornada el fiscal jefe de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid, expuso su teoría del caso en el alegato de apertura. En ese marco, señaló que la familia de los imputados tenía una cantera de áridos en el kilómetro 2224 de la ruta nacional 40 y que cuando terminó su vida útil, le ofrecieron a la Municipalidad convertirla en un relleno sanitario con residuos domiciliarios.