Judiciales y Policiales
Nuevo horizonte

Acciones para enfrentar la emergencia en cárceles y comisarías de la Provincia

Bajo la dirección del gobernador Rolando Figueroa, se han iniciado obras en diversas unidades de detención a lo largo del territorio provincial.

En un esfuerzo sin precedentes, el Gobierno de la Provincia de Neuquén ha puesto en marcha una serie de acciones destinadas a enfrentar la crisis de hacinamiento en cárceles y comisarías. Bajo la dirección del gobernador Rolando Figueroa, se han iniciado obras en diversas unidades de detención a lo largo del territorio provincial, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los internos y reducir la reincidencia delictiva.

Una de las primeras medidas de la actual gestión fue la presentación de un proyecto de ley de Emergencia Penitenciaria ante la Legislatura provincial. La aprobación de la ley 3426 marcó el inicio de una respuesta a un problema histórico, agravado por décadas de falta de inversión en infraestructura carcelaria. En 2022, la justicia provincial había aceptado un Habeas Corpus que denunciaba las indignas condiciones de habitabilidad en las unidades de detención.

Las estadísticas penitenciarias de Neuquén son alarmantes. La capacidad total de plazas habilitadas es de 443, distribuidas entre las unidades de la capital y el interior. Sin embargo, actualmente hay 540 internos condenados en las unidades de la capital y 90 en las comisarías, además de 52 internos en las comisarías del interior. Esta sobrepoblación hace urgente la ampliación de la capacidad de alojamiento.

La ley de Emergencia Penitenciaria busca abordar las urgencias edilicias, organizativas, funcionales, operativas y de seguridad. También se enfoca en la optimización y capacitación del personal del Cuerpo Penitenciario de la Policía de Neuquén, y autoriza al Ministerio de Seguridad a adquirir bienes y servicios necesarios mediante contratación directa.

Este ambicioso plan de obras, el más significativo en los últimos 20 años, cuenta con la colaboración de equipos técnicos y la participación de actores clave como el Tribunal Superior de Justicia y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura. Con estas acciones, Neuquén se encamina hacia un nuevo horizonte en su sistema penitenciario, buscando no solo resolver la crisis actual, sino también sentar las bases para un futuro más justo y humano para todos los detenidos.

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