La ley contó con 29 votos positivos, aportados por los bloques Desarrollo Ciudadano – Comunidad, PRO-NCN, Avanzar, Arriba Neuquén, Neuquén Federal, MPN, Hacemos Neuquén, JxC-UCR y Juntos. Los votos negativos fueron 5, provenientes de Unión por la Patria, PTS-FIT-U y FIT-U. El listado de obras finalmente aprobado incluyó aportes del MPN, Neuquén Federal y JxC-UCR.

Al iniciar el debate, la diputada Zulma Reina (DC-Comunidad) aclaró que la autorización del crédito no implicará la toma total del monto, al tiempo que remarcó que la ley “otorgará legalidad al Ejecutivo para que, en un entorno cambiante, pueda recurrir a las mejores opciones para fortalecer el esquema presupuestario provincial”. Aseguró, además, que la aplicación de fondos para hacer frente a intereses de capital no implica un incremento del stock de la deuda pública “ya que se toma por un lado, y se cancela por el otro”. Finalmente, dijo que la norma representa un “instrumento con montos y escalas razonables”.

Su par de bloque, Ernesto Novoa, remarcó que las obras que se realizarán con el financiamiento mejorarán la calidad de vida de la población y señaló que la provincia necesita contar con esa infraestructura para desarrollarse. Aclaró que los recursos que se obtengan mediante la ley no podrán ser utilizados para gastos corrientes y que la mayoría de las obras que se finalizarán con el crédito se iniciaron con deuda tomada por el gobierno anterior y quedaron paralizadas. Destacó el prestigio que tiene Neuquén por cumplir con sus obligaciones y calificó el pedido de autorización de “legítimo y procedente”.

Por el bloque PRO-NCN, Marcelo Bermúdez se refirió principalmente al elevado monto por vencimiento de intereses de capital, en particular hasta el año 2027, y en ese marco consideró fundamental “liberar la presión que tiene el presupuesto vigente”. Dijo que la toma de deuda pública puede ser “pertinente”, dependiendo de los objetivos. En esa línea, calificó de “oportuno” el crédito en cuestión en tanto “Argentina vive un proceso de incertidumbre en lo económico y lo institucional”. Aseguró que las condiciones de infraestructura de la provincia son “absolutamente deficitarias” y que los 350 millones de dólares representan solo el 10% del monto total que se requieren para la reactivación de la obra pública, por lo que se trata de un endeudamiento “insignificante”, según mencionó el legislador. Finalmente, remarcó que las obras no tienen recupero, por lo que es “justo” que lo paguen las presentes y las futuras generaciones.

Desde Avanzar, el diputado Francisco Lépore afirmó que con el financiamiento que se obtenga “no vamos a hacer locuras” y puso como ejemplo que, de los 130 millones autorizados para emitir títulos en 2023, la provincia sólo emitió 100 millones porque el contexto no era conveniente. También resaltó que la reactivación de la obra pública generará empleo y movimiento económico que es necesario en este momento de recesión.

En sentido similar, el diputado Gabriel Álamo (MPN) puso en valor la generación de empleo y el movimiento de las economías regionales que implicará la puesta en marcha de las obras, al tiempo que destacó la “mirada federal” incorporada al plan de infraestructura.

El diputado Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén) adelantó el voto positivo de su bloque aunque expuso cuestionamientos al aumento en la cantidad de obras anexadas a la ley, que pasaron de 400 a 574, como así también a la ausencia de los proyectos ejecutivos de las obras nuevas. Justificó su posición favorable en la situación de atraso de infraestructura que hay en la provincia, estimada en 15 años.

El diputado César Gass (JxC UCR-NQN) pidió firmeza del gobierno provincial ante Nación para que cumpla con los compromisos asumidos y advirtió una falta de creatividad en cuanto al diseño de la provincia. También valoró la incorporación a la ley de obras educativas prioritarias y celebró que se considere a la educación como “algo trascendente”.

En contra del endeudamiento se expresó el bloque completo de UxP cuestionando principalmente las condiciones de la toma de crédito -la tasa y la jurisdicción extranjera en caso de litigio por incumplimiento-, el monto y la falta de transparencia en cuanto a la información pública de ingresos y proyecciones en materia de producción hidrocarburífera de los próximos meses. En sus intervenciones, tanto Lorena Parrilli como Darío Peralta y Darío Martínez aseguraron que el gobierno actual ya lleva 700 millones de dólares de endeudamiento, lo que arroja un promedio de poco más de tres millones por día, y le reclamaron al gobierno provincial que exija al Ejecutivo nacional el envío de fondos que, por contrato, le corresponde remitir para finalizar las obras ya iniciadas.